El oficialismo es fiel a su guión. Jorge Rodríguez cantó el fraude,
Diosdado Cabello dijo que no habría proceso y Francisco Ameliach solo el
pasado domingo informó que esperarían decisiones judiciales sobre el
futuro de la consulta. En pleno desarrollo está la posibilidad de
ilegalizar a la MUD, mientras tantos 11 dirigentes de esa organización,
entre ellos el gobernador Capriles Radonski, tienen prohibición de salir
del país
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| El oficialismo se apalancó en la tesis del fraude e insistió en reiterar que el referendo revocatorio no se haría este año 2016 |
Caracas.- Desde que la alianza opositora logró superar el primer paso
en la carrera hacia el revocatorio, el oficialismo planteó la tesis de
un fraude en el proceso de recolección del 1% que buscaba retrasar el
proceso que la oposición aspira cumplir antes de finalizar el año 2016. A
partir de ese momento, el PSUV sigue estrictamente el guión de todo lo
que anunció, para así cumplir lo que prometió con respecto al referendo
revocatorio.
Aunque el CNE informó que la MUD cumplió con los requisitos del 1%,
el oficialismo comenzó a asegurar que el proceso de recolección fue
fraudulento, apalancándose en las 605.727 rubricas que fueron inválidas,
de las cuales, según el informe oficial del CNE, 1.375 registros
correspondían a inhabilitados políticos, 53.658 personas presuntamente
estaban recién inscritos o no aparecían en el Registro Electoral y 3.003
firmantes eran menores de edad.
El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien encabeza una comisión especial de verificación de firmas del revocatorio, introdujo el 13 de junio una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ) por las irregularidades del proceso de recolección de firmas.
Para los diferentes especialistas, las demandas del oficialismo buscaban
retrasar el proceso de referendo revocatorio ante la posibilidad de
repetir el proceso de recolección del 1% que impediría que la consulta
popular pudiera realizarse en 2016 o, bien, anular el proceso
refrendario.
De allí en adelante, figuras del chavismo se apegarían a una agenda
permanente que consistía en reforzar la tesis del fraude e insistir en
que el proceso refrendario no se realizaría este año porque, a juicio de
sus militantes, la oposición comenzó el proceso de solicitud a
destiempo. En diferentes alocuciones, por ejemplo, el diputado y primer
vicepresidente, Diosdado Cabello, aseguró que el
referendo no se haría ni en 2016 ni en 2017. En esa misma línea
discursiva también se expresaron voceros como el gobernador del estado
Carabobo, Francisco Ameliach, quien había asomado la posible designación
de Cabello como vicepresidente de la República y, en el caso de que
Maduro resultara revocado después del 10 de enero de 2017.
Pese a las amenazas oficiales, la MUD insistía en acudir a las calles
a defender el referendo revocatorio y a exigir celeridad y condiciones
para recolección de 20% de las manifestaciones de voluntad. Ya para
principios de octubre, el oficialismo esperaba respuesta, por parte las
autoridades de justicia, sobre las demandas de irregularidades en el
proceso de recolección de firmas del 1%, pese a que, para ese entonces,
el rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón,
aseguró que “no existe asidero jurídico” para la suspensión del proceso
refrendario por el recurso introducido por el PSUV ante el TSJ.
En medio de la logística que la MUD preparaba de cara al proceso de
recolección del 20%, las amenazas del oficialismo continuaron
acentuándose. Ameliach informó el domingo 16 de octubre que introduciría
una querella contra la directiva de la MUD por suministrar datos falsos
en la fase de recolección. “También solicitaré una medida cautelar
porque hasta que no haya una decisión de fondo sobre si se cometieron
delitos o no, no pueden avanzar a la otra fase del referendo
revocatorio”, señaló el gobernador, en entrevista con el periodista José
Vicente Rangel. El gobernante carabobeño profetizaba lo que sucedería
cuatro días después.
Ese mismo domingo, Ameliach repitió lo que dijo meses atrás, una
posibilidad que se encuentra en pleno desarrollo. Ilegalizar a la MUD
como partido político a partir del hecho de que esa organización
participó en un fraude. El gobernador solicita la aplicación del
artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones, lo cual permite al CNE la deslegitimación de una
organización partidista.
El 20 de octubre, a seis días del inicio del proceso de recolección
de firmas del 20%, fijado por el CNE para los días 26, 27 y 28 de
octubre, los tribunales de cinco estados del país –Aragua, Carabobo,
Monagas, Apure y Bolívar−, se cumplió la promesa hecha por el
oficialismo. Pero con una variante jamás esperada: la decisión no se
tomó en la Sala Electoral del TSJ, sino en los tribunales penales
regionales que anularon los procesos de recolección de firmas del 1%,
recabadas durante el mes abril. Esa situación también conllevó a que se
les prohibiera la salida del país a 11 dirigentes opositores, entre
ellos el gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski y el
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba.
Sin dar mucho tiempo para la meditación o discusión, como si las
rectoras encabezadas por Tibisay Lucena estuvieran preparados para
seguir un guion, el CNE informó que acataba las medidas cautelares de
los tribunales penales y pospuso recolección de 20% “hasta una nueva
instrucción judicial”, aunque varios especialistas, incluso el propio
rector principal del CNE, Luis Emilio Rondón, coincidieron en que los
tribunales no tienen competencia para anular el proceso de recolección
que daría pie a la convocatoria de la consulta popular.
Casi al mismo tiempo, se anunció que 11 dirigentes de la oposición,
entre ellos el gobernador Henrique Capriles Radonski, tienen prohibición
de salida del país, primer paso para cumplir un deseo anunciado por
Diosdado Cabello, la prisión para los solicitantes de la recolección de
1% de las firmas
La MUD no respondió de inmediato. Casi 24 horas después de conocida
la decisión del CNE, la organización opositora da una rueda de prensa
para anunciar las acciones. Pero otros dirigentes, como María Corina
Machado, han instado a la población a declararse en desobediencia civil,
de conformidad con lo expuesto en el artículo 350 de la Constitución.
Pero del lado del oficialismo, la lista de promesas por cumplir con
respecto al revocatorio no ha terminado. El presidente de la República,
Nicolás Maduro –quien en reiteradas oportunidades afirmó que el
referendo revocatorio era “una opción”−, aseguró que la oposición
buscaba el referendo solo para generar violencia en las calles para
concretar un golpe de Estado.
El fin de semana pasado, tras su regreso de una gira por Turquía,
anunció que en caso de que la oposición viole la Constitución, él
responderá con más fuerza hasta el punto en que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan,
se quedaría “como niño de pecho”, al hacer referencia a las acciones
que tomó el presidente de ese país europeo tras un intento de golpe de
estado. Mientras el oficialismo continúa en el desarrollo del
cumplimiento de sus promesas, sectores de la población y expertos
constitucionalistas hablan de una dictadura en Venezuela.
Fuente: elpitazo
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