domingo 3 de mayo de 2015 12:00 AM
De las 60 familias que
habitaban el recién inaugurado complejo residencial de la Misión
Vivienda, Lomas de Guadalupe, en Ocumare, solo quedan 10.
Las 50 familias restantes se marcharon luego de la masacre ocurrida hace una semana, cuando 10 sujetos fueron acribillados en una fiesta organizada en un apartamento de la planta baja de la torre B. Algunos se fueron a sus lugares de origen, pese a que son zonas de alto riesgo y otros se mudaron a casa de familiares.
Al día siguiente del tiroteo, Yusmeli Julio, junto a su esposo y sus cuatro hijos, recogieron algunas prendas de vestir, las colocaron en bolsos y se fueron por unos días. "No queremos regresar, tenemos miedo por nuestros muchachos. Desde ese día no he podido dormir y he hablado con representantes de Corpomiranda, quienes nos reubicaron en esa urbanización, para que nos lleven a otro lugar donde nos garanticen seguridad", expresó Julio.
Comentó que las 60 familias que fueron trasladadas a Lomas de Guadalupe, provienen en su mayoría del parcelamiento La Bonanza, del municipio Cristóbal Rojas, cuyas casas fueron desocupadas por los trabajos de ampliación de la autopista Francisco de Miranda. Otros grupos proceden del refugio de Fuerte Tiuna.
"Nos mudamos a unos apartamentos nuevos, más cómodos, pero nos tocó convivir con grupos armados que rompieron con la tranquilidad del lugar y se vio reflejado el domingo de la semana pasada. Después de ese día una tensa calma se respira en los pasillos de las tres torres. Las pocas familias que quedan se resguardan temprano y el apartamento donde se produjo la masacre no ha sido ocupado. La Guardia Nacional hizo recorridos hasta el lunes de la semana pasada. Los días restantes no se han reportado ni siquiera para preguntarle a los pocos habitantes que quedan allí si se sienten seguros", relató.
Después de cinco días, este viernes, Julio acudió a su apartamento para darle una vuelta. "Mis cosas están intactas. Vengo un par de horas a lavar la ropa y me voy otra vez. Aunque estoy incómoda donde vivo por lo menos me siento más segura. Mis hijos no quieren regresar al apartamento. Les dio una crisis de nervios cuando escucharon los tiros y tienen problemas para dormir. Nos dicen los funcionarios que la zona está tranquila, pero yo no me confío, deben hacer una depuración, en especial a próximas familias que pretenden trasladar a esas torres".
Inocencia Colón vive al frente del apartamento donde ocurrió la tragedia. Es una de las pocas personas que permanecen allí porque no tiene a dónde ir. Vivía en Caracas y su vivienda fue intervenida por ubicarse en una zona de riesgo.
"Antes de este hecho, nos reuníamos afuera de los apartamentos a compartir. Ahora las 10 familias que quedamos cerramos los apartamentos a las 6:00 p.m. y nos dormimos a las 8:00 p.m. Una amiga que está en Fuerte Tiuna y que le entregaron la llave del apartamento para que lo ocupara, no se quiere venir, pues dice que prefiere quedarse en el albergue que vivir una situación similar a la ocurrida el domingo pasado".
Recuerda que ese día escuchó más de 20 detonaciones. "Me lancé de la cama y me arrastré hacia la habitación de mis hijos, que se levantaron llorando, y nos quedamos en el piso hasta que cesara. Cuando amaneció y salí del apartamento parecía una escena de guerra: los cuerpos tendidos, ensangrentados, los familiares de los muertos en crisis de llanto y los rostros de pánico y asombro de los curiosos que se asomaron. No quiero volver a pasar por eso y ruego a Dios que esa historia no se repita".
Los más buscados
Por esta masacre, 87 personas fueron retenidas para verificarlas en el Sipol. De esa cantidad 13 permanecen detenidas por investigación, según una fuente policial, quien reveló además que están tras la pista de los sujetos apodados "el Tito" y "el Morocho", quienes participaron en el múltiple homicidio porque presuntamente los 10 sujetos asesinados se habían apropiado de una cantidad de droga que distribuían en el relleno sanitario La Bonanza.
En varios urbanismos de la Misión Vivienda y en más de 20 sectores tuyeros continúan los allanamientos para capturar a los implicados en la matanza. Jhonny Araque, jefe del Centro de Coordinación Policial dos de Polimiranda, indicó que en las dos últimas semanas se han registrado tres situaciones de violencia en edificios de la Misión Vivienda en El Tuy.
Hace dos semanas, en un evento de motopiruetas, organizado en Ciudad Miranda, se produjo un tiroteo y cuando una comisión de la Guardia Nacional acudió para controlar la situación, fueron atacados con granada. Allí murió un funcionario de la GN y también uno de los pranes de Ciudad Miranda, apodado "Niño Carajito".
Tras este hecho, en Ciudad Miranda reina una tensa calma. Nadie quiere hablar por temor a represalias. Un vecino, quien prefirió mantener su nombre en reserva, manifestó que esta semana hubo una reunión entre efectivos de la GN y el consejo comunal para establecer medidas que contribuyan a desmantelar las tres bandas dedicadas a la venta de droga en la zona.
Hay un sujeto apodado "el Yeison", que además de venta y distribución de droga, también se dedica a usar los estacionamientos del urbanismo para enfriar los carros hurtados y cobrar rescate.
En la urbanización Betania II ni la policía entra después de la muerte del Sargento Segundo de la GN, Ensoni Mendoza, quien fue atacado durante un operativo de búsqueda de los implicados en la masacre de Lomas de Guadalupe.
La mayoría de los edificios de la Misión Vivienda de la Gran Caracas se han convertido en escenarios de violencia y en guarida de grupos delictivos. Según una vecina del edificio Juan Vive Suriá, de Montalbán, quien no quiso identificarse, este fin de semana hubo una fiesta en el salón del conjunto residencial que terminó en riña.
"Hubo una guerra de minitecas el 1 de mayo y cuando terminó a las 4:00 a.m. del sábado en la puerta de la torre dos sujetos forcejearon. Uno de ellos amenazó al otro con matarlo. Abrió la maleta del carro para buscar un arma, pero otros lo controlaron".
Estudio social
Para el sociólogo Francisco Coello es necesario que se haga un estudio de los grupos sociales que son reubicados en esos complejos residenciales y aquellos que tengan antecedentes y estén incursos en delitos, deben ser apresados. Sugiere trabajar con las comunidades para promover la sana convivencia a través de actividades recreativas y culturales.
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