Piden investigar al gobernador de Aragua por actuación policial


La ONG Control Ciudadano considera que el gobernador del estado Aragua, Rafael Isea, hizo una errónea interpretación de la sentencia del TSJ con respecto al material electoral de las primarias, al ordenar la intervención de las fuerzas policiales de esa entidad

Maracay.- La presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, informó a través de un comunicado que la actuación de la Policía del estado Aragua al intentar incautar los cuadernos electorales correspondientes a las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obedece a una errónea interpretación de la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por parte del poder ejecutivo en dicha entidad.

El comunicado expresa que: "En una interpretación errónea de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 14 de febrero de 2012 en ponencia del magistrado Francisco Carrasquero, que ordenó al Plan República en la persona del General en Jefe Henry Rangel Silva, girar las instrucciones pertinentes a los fines de garantizar la custodia de los cuadernos electorales y hacerlos llegar a las correspondientes sedes del Poder Electoral; el ciudadano Rafael Isea, gobernador del estado Aragua, involucró de manera arbitraria y en claro abuso de poder a la Policía Regional de esa entidad en la ejecución de la sentencia, generándose la comisión de varios delitos contra la vida e integridad de los ciudadanos y en contra de material electoral".

En tal sentido, esa ONG solicita se adelante una investigación que determine la responsabilidad del ciudadano gobernador del Estado Aragua, Rafael Isea, en los hechos violentos que condujeron a la muerte de un ciudadano, "a los fines de la debida reparación y justicia a favor de las víctimas", indica el comunicado.

Agregan que "Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional; condena la actuación de la Policía de Aragua vinculada a la incautación de cuadernos electorales en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Consideran que la actuación de dicha fuerza policial el pasado 14 de febrero constituye "un claro abuso de autoridad", y la realización de "actividades al margen de la Ley orientadas a confiscar material electoral para lo cual no tiene competencia".
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