El próximo martes el uruguayo Luis Almagro asumirá la secretaría
general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y con ella el
problema que ha generado Venezuela a la organización, para el que tiene
una “nueva agenda de diálogo”.
Alberto Andreo/EFE
Venezuela ha marcado la agenda del organismo desde los
enfrentamientos dialécticos entre el fallecido presidente venezolano
Hugo Chávez (1999-2013) y el colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), o las
recurrentes acusaciones por parte del primero de injerencismo
estadounidense en Venezuela.
Frente al paso marcado desde Caracas por Chávez, el secretario
general saliente, José Miguel Insulza, respondió la mayoría de veces
durante su década al frente del organismo con llamados al diálogo o con
declaraciones pocas veces del gusto del país bolivariano.
Esta estrategia es compartida por Almagro aunque, según aseguró el
día de su elección, el pasado 18 de marzo, impulsará una “nueva agenda
de diálogo” entre Venezuela y la OEA.
Venezuela ha acusado al organismo en varias ocasiones de estar al
servicio de los intereses estadounidenses por, entre otros motivos,
tener su sede en Washington, uno de los argumentos contra los que se han
topado los diversos llamados al diálogo desde la OEA durante la época
de Insulza.
Además el país caribeño ha impulsado en los últimos años otros
organismos de integración regional como la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los pueblos de
América (Alba), foros que comulgan más con las ideas del actual
Gobierno.
Sin embargo, la OEA sigue siendo el único organismo regional que
reúne a todos los países del continente, con la única excepción de Cuba.
A esas entidades regionales, y no a la OEA, acudió el actual
presidente venezolano, Nicolás Maduro, cuando la situación interna del
país necesitó de la visita de un organismo internacional, como, por
ejemplo, tras las elecciones de abril de 2013, las protestas
antigubernamentales de febrero de 2014 o los posteriores diálogos con la
oposición.
La propuesta de que una delegación de la OEA viajase a Venezuela para
constatar directamente las quejas opositoras o de parte de la
ciudadanía fueron rechazadas por el Ejecutivo y calificadas de
injerencistas.
Uno de los momentos de mayor tensión tuvo lugar en marzo del año
pasado cuando Panamá, a raíz de las protestas de febrero en Venezuela,
solicitó a la OEA una reunión para abordar la situación, petición que
llevó a Caracas a romper relaciones con el país del istmo.
Maduro tildó entonces de “moribunda” a la OEA y dirigiéndose
directamente a Insulza le instó a “quedarse quieto” y rechazó la llegada
de una misión del organismo al país.
En un clima de creciente tensión entre Gobierno y oposición, Insulza
continuó llamando al diálogo y ofreciendo al organismo para facilitar un
encuentro.
Esta reunión finalmente tuvo lugar, pero tras acordar las partes que
tres cancilleres de países miembros de la Unasur y el representante del
Vaticano en Venezuela fuesen los garantes.
Uno de los puntos más conflictivos de las conversaciones fue el de
los opositores presos, como el líder de Voluntad Popular (VP), Leopoldo
López, y a quien en las últimas fechas se sumó el alcalde metropolitano
de Caracas, Antonio Ledezma.
López está encarcelado por supuestos delitos relacionados con las
protestas de febrero de 2014 y Ledezma por formar parte de un supuesto
plan golpista.
Las recientes reuniones de opositores y las esposas de López y
Ledezma con Insulza y una serie de políticos que no simpatizan con el
chavismo, no han sido vistas con buenos ojos por Caracas.
Diálogo, observación de las próximas legislativas o el estado de
opositores presos, junto con el actual clima de tensión entre EEUU y
Venezuela por las sanciones de Washington a varios funcionarios
venezolanos, son las asignaturas pendientes que Insulza deja a su
sucesor.
Tras ser elegido, Almagro sostuvo que la OEA está necesitada de una
“renovación”, una organización que él prometió dotar de “más realismo”,
así como impulsar una nueva “agenda de diálogo” en el caso de Venezuela.
Una estrategia que, dijo, pueda servir “para restaurar, para curar
algunas heridas, y lograr las mejores condiciones que permitan la más
plena vigencia, el más pleno goce de los derechos y los principios de
políticas”.
La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, depositó aquel día la confianza de Caracas en la futura labor de Almagro.
“Sabemos que con usted podemos marcar una nueva época en esta
organización, donde los pilares fundamentales de la misma, como los
derechos humanos, no evidencien una utilización política ni un doble
estándar en su aplicación”, afirmó.EFE
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