Durante la Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional, la diputada de la bancada oficialista, María León, pidió cambiar el orden del día para debatir los sucesos del fin de semana en Villa de Cura, estado Aragua, donde presuntamente el dirigente y diputado de Primero Justicia de la entidad, Richard Mardo, agredió a la periodista de Venezolana de Televisión, Ana Francis Colina.
Por su parte, el parlamentario Ismael García replicó la propuesta de la diputada del PSUV y dijo que “ese libreto ya lo hemos visto. Se le quitó la inmunidad parlamentaria a Wilmer Azuaje sin derecho a la defensa.” Aseguró que “se está montando una olla” en torno a Richard Mardo. Le increpó a la ex ministra de la mujer al señalar que cómo era posible que a su edad se prestara para este “juego.”
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aceptó la moción presentada por León después de someterla a votación y decir que se ganó por “mayoría evidente.”
El tema de Aponte Aponte “hierve” en el Parlamento
La Asamblea Nacional mandó una comunicación al Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, para notificarle su comparecencia este martes ante la Plenaria el pasado 13 de marzo. En pleno conocimiento de su asistencia al Hemiciclo, el secretario de la Asamblea Nacional notificó que el magistrado no se encontraba en la Sala de Sesiones al momento de ser llamado.
El diputado José Morales, presidente de una comisión especial, aseguró que no es competencia del grupo designado por la Asamblea el pronunciarse sobre el fondo de lo que diga el Consejo Moral Republicano. Aseguró que es estricta competencia del Poder Moral o del Poder Ciudadano.
Indicó que esta Comisión se instaló el 15 de marzo en sesión permanente a fin de revisar el expediente y desde ahí se declararon en “sesión permanente.”
Tras la lectura del informe y la entrega del mismo, el diputado Oscar Ronderos aseguró que la bancada opositora apoyará la moción de sancionar al magistrado Aponte y su destitución. Reiteró que el también ex fiscal militar general cometió faltas graves a la República como el designar a Walid Mackled como su asistente en 2004, al igual que el nombramiento del presunto narcotraficante como Comsionado de la Sala Penal, que era controlada por Aponte.
Según Ronderos, “a Eladio Aponte Aponte se le premió por la persecucion de militares del 11 de abril y de los “paracachitos.” Exhortó además a la Fiscalía que se investigue a fondo al Magistrado y a todos los vinculados en el caso Mackled.
Posteriormente, Julio Montoya aseguró que él había mostrado pruebas ante la Plenaria hace un año atrás y le dio “vacas sagradas”, como dijera anteriormente el parlamentario Hugbel Roa, al decir que Mackled tuvo un carnet de la Guardia Nacional, que presuntamente fue “dueño” de Aeropostal, además de administrar aproximadamente el 60% de las zonas de desembarque de Puerto Cabello.
Aseguró además que “Un narcotraficante logró entrar de manera perfecta a los poderes del Estado” y que por eso “Debe evitarse que se le de la jubilación.” Exhortó a todos los responsables investigar otros casos para que no ocurra nuevamente este suceso.
Por su parte, Juan Carlos Caldera, indicó que el expediente de Aponte Aponte tiene más de un año “reposando” en la Fiscalía, al igual que el pago de tickets de alimentación. Destacó que lo que se trata es de “pasar factuas” entre “bandas del poder judicial” y propuso nombrar una comisión para investigar a fondo el caso.
Mientras, Elvis Amoroso aseguró que existe “doble moral” en la oopsicion. “Tratan de hablar de impunidad y de echarle la culpa al gobierno en vez de estar orgullosos de ver lo que se esta haciendo.”
Aseveró que lo que había era una “tribu” en la Corte Suprema de Justicia antes del gobierno del actual presidente de la República, Hugo Chávez.
Dijo que el informe realizado por la Comisión está “muy bien elaborado” y por eso van a votar a favor de la aprobación del mismo., aunque dijo que la oposición quiere siempre “enlodar” las situaciones.
Se aprobó unánimemente la remoción constitucional del magistrado Eladio Aponte Aponte.
Caso Richard Mardo
María León exhortó a la Fiscal General de la República para levantar la inmunidad parlamentaria ante el Tribunal Supremo de Justicia al diputado Richard Mardo, por presuntamente agredir a una reportera de VTV en días pasados cuando el candidato de la Mesa de la Unidad, Henrique Capriles Radonski, realizaba una caminata por el estado Aragua.
El diputado Hiram Gaviria pidió que el video que presentó María León fuera pasado una vez más en cámara lenta para probar que el parlamentario de Primero Justicia no realizó tal acción. Dijo que se está “montando una olla” en su contra. Aseguró que se pretente descalificar a un candidato que es ampliamente aceptado en la entidad aragueña. Invitó a la bancada oficialista a “derrotar a Mardo por los votos, no con la mentira.”
Posteriormente, el diputado Richard Mardo tomó la palabra. Agradeció a María León por haber abierto el debate sobre el tema. Aseveró que se ha generado “una campaña de mentira de aquellos que perdieron la calle.” Señaló que “ni un video puede mostrar” lo que acusan ya que en las caminatas “la gente quiere verte, te empuja, te quiere abrazar.”
Aseguró que prefiere estar en cualquier cárcel “pero con la conciencia tranquila” y agregó que estas acciones son producto de aquellos “que han perdido la calle.
Tras Richard Mardo, la parlamentaria oficialista Marleny Contreras calificó de “mentiroso” al diputado por Primero Justicia. Fustigó al candidato por la Gobernación de Aragua diciéndole que debe asumir las consecuencias de sus acciones. “Tenga dignidad y gallardía.”
Tras varias intervenciones, Fue aprobada la investigación de los hechos acaecidos el fin de semana en Villa de Cura por mayoría simple.
Aprobación de Recursos
Los diputados a la Asamblea Nacional aprobaron este martes, un crédito adicional al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia por Bs. 355 millones 22 mil 750 bolívares.
El dinero permitirá darle continuidad a la Fiesta del Asfalto, que ejecuta el Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía del municipio Libertador.
Además se validó un monto por 132 millones 988 mil 171 bolívares para pagar los sueldos y salarios de 5.736 trabajadores que estaban adscritos a la cartera de Relaciones Interiores y Justicia y pasaron al Ministerio de Servicios Penitenciarios.
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