Antes dejaban a los hijos y pasaban la frontera en busca de un trabajo que les permitiera mantenerlos, pero ahora los colombianos ya no encuentran incentivos económicos en Venezuela y los que emigran lo hacen amenazados por grupos violentos, para salvar su vida y la de sus familias.
En El Cují, a las afueras de la población fronteriza venezolana de Ureña, se asientan varias familias desplazadas en los últimos años por el conflicto armado colombiano.
En terrenos invadidos, levantan precarias casuchas de madera, hojalata y cartón. Aunque casi ninguno cuenta con un trabajo formal, se declaran contentos de haber podido escapar a la violencia.
“Aquí siento paz y tranquilidad”, dijo Mariana, una mujer de 53 años que llegó a Venezuela en 2005 desde La Parada, una población cercana a la frontera, luego de que sus dos hijos mayores, de 20 y 17 años, fueran asesinados “en una limpieza” (ajusticiamiento de supuestos drogadictos).
Rechaza la idea de un eventual regreso a Colombia, porque cree que “primero está la vida de los seis hijos que me quedan. Me da mucho miedo que me puedan matar a mí o a ellos”.
La mujer vive de vender boletos de lotería y es la única fuente de ingreso de su hogar. Pero explica que “los mercados (subsiados) del gobierno (venezolano) son muy buenos, y (la organización católica) Cáritas me ha ayudado con colchonetas y utensilios de cocina”. Además, sus dos hijas más pequeñas, de 14 y 12 años, acuden regularmente a la escuela.
Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Venezuela hay unos 2.700 refugiados colombianos formalmente registrados, aunque se calcula que la cifra real se eleva a unos 200.000, sobre un total de más de tres millones de desplazados a lo largo de casi medio siglo de conflicto armado.
Enrique Valles, delegado de Acnur en San Cristóbal (Andes venezolanos) explicó que actualmente en Venezuela “se presenta un carácter mixto entre migrantes económicos y refugiados”.
“Muchas de las personas que en un primer momento aparecen como migrantes económicos, si se entrevistan en profundidad, tienen motivos fundados de huida por persecución”, dijo Valles.
Según cálculos extraoficiales, en Venezuela residen unos 3 millones de colombianos, la mayor parte de ellos emigrados por motivos económicos cuando el país vivió un boom petrolero entre las décadas de los 70 y 80.
Pero en los últimos años, el flujo migratorio ha disminuido notablemente debido a las dificultades que un estricto control de cambio de divisas crea para enviar remesas a las familias, e incluso ha empujado a varios de ellos a volver a Colombia, según las asociaciones que los agrupan.
En condiciones muy diferentes, también Víctor Silva quiere salir de Venezuela, pese a que tiene reconocimiento oficial como refugiado.
“Llegué a Ureña hace tres años. No tuve dificultades en obtener el estatus de refugiado porque yo traía todas las constancias de la Fiscalía de derechos humanos sobre cómo fuimos desplazados. La Cruz Roja nos dio los pasajes para venir a Venezuela”, refirió este hombre de 52 años que vive con su esposa y seis hijos adultos.
“Teníamos una granja familiar cerca de Valledupar (880 kms al norte de Bogotá). Fuimos testigos de la masacre de unos vecinos y nos tocó dejar todo. Nos despojaron de nuestra propiedad. Incluso, la persona que nos despojó ya confesó y está presa, pero igual no podemos volver”, se lamentó.
“Y aquí esto es una bomba de tiempo. Rondan los grupos violentos, y a mí me llegan amenazas. Casi no salgo de mi casa. Quiero pedir refugio en otro país”, contó.
Los temores de Silva coinciden con una denuncia de la Defensoría del Pueblo de Colombia, según la cual 16 personas han sido asesinadas durante el último mes en la zona de Cúcuta, aparentemente por narcotraficantes aliados a antiguos paramilitares, bandas que el gobierno colombiano considera como el mayor desafío a la seguridad.
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