A casi tres meses de la entrada en vigencia -el 19 de septiembre- de una providencia administrativa que obliga a las operadoras telefónicas a desactivar los teléfonos celulares reportados como robados, hurtados o extraviados, la situación no ha mejorado.
En aquella oportunidad, el presidente de Conatel, Pedro Maldonado, auguró que la providencia tendría un impacto importante en el mercado ilegal que se nutre con los aparatos robados.
Sin embargo, fuentes ligadas a las operadoras telefónicas han señalado que, si bien se ha registrado un leve descenso en las solicitudes de desactivación de línea por robo, hurto o extravío, la frecuencia de casos sigue estando alrededor de los 6.000 diarios en promedio.
En otros términos, cada minuto cambian de mano en el país cuatro teléfonos celulares por acción del hampa.
La mayoría de los casos no es denunciada en la policía judicial, ya sea porque la víctima lo considera inútil o porque la propia institución pone trabas para recibir la información y abrir los expedientes.
De acuerdo con el director de la organización Paz Activa, sociólogo Luis Cedeño, todavía es muy temprano para llegar a una conclusión sobre el verdadero impacto que tendrá la providencia de Conatel.
“Creo que a la gente le hace falta información sobre cómo bloquear los teléfonos. En general, la denuncia se hace porque el aparato está asegurado o cuando el dueño espera algún resarcimiento”, explicó.
“Creo que a la gente le hace falta información sobre cómo bloquear los teléfonos. En general, la denuncia se hace porque el aparato está asegurado o cuando el dueño espera algún resarcimiento”, explicó.
En el corto plazo, Cedeño espera que los robos se incrementen debido a la época navideña. “Diciembre es el mes más violento. Hay más delitos en general, entre ellos los robos”, advirtió.
El diputado Ricardo Sánchez, quien participó en la elaboración de la norma, dijo que antes del 15 de diciembre se hará la primera evaluación oficial sobre este problema. El parlamentario cree que en la actualidad 70% de los delitos como homicidios y lesiones son consecuencia de la intención de robar un teléfono celular.
Las operadoras telefónicas, Conatel y la representación de la Asamblea Nacional participan en una mesa técnica que busca alternativas para atacar el mercado de teléfonos robados.
Con información de El Nacional
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