Caracas, 20 septiembre 2011 (AFP) – La idea que “se tiene fuera” de que el gobierno venezolano de Hugo Chávez es “invencible” no se ajusta a “la verdad”, dice el opositor Leopoldo López, que aspira a concurrir a las presidenciales de 2012 después de que la justicia interamericana ordenara su rehabilitación política.
Desde que el viernes la Corte Interamericana de Derechos Humanos avaló su derecho a inscribirse como candidato al declarar inválida su inhabilitación de 2005, López regresó con ímpetu a la primera línea de la política nacional, pese a que el Poder Judicial venezolano debe aún pronunciarse sobre el fallo.
La oposición en Venezuela, reunida en la heterogénea Mesa de la Unidad Democrática (MUD), está “en la mejor posición en los últimos 10 años” para medirse a Chávez en las presidenciales del 7 de octubre de 2012, sostiene este economista de 40 años en una entrevista con la AFP y el sitio web venezolano Noticias 24.
“Hay una percepción de fractura en la oposición, pero la unidad se está consolidando, hay un consenso de que las primarias son el camino, que se va a escoger a una persona”.
López ya anunció que se presentará a esas elecciones en las que la MUD elegirá el 12 de febrero a un candidato único para rivalizar con Chávez, que prevé aspirar a un tercer mandato de seis años.
“Esa idea que se tiene quizás fuera de Venezuela de que el gobierno es invencible no es verdad, se le puede ganar con todas las dificultades (…) y con todo el poder y concentración de poderes públicos que tiene”, asegura el líder de la formación Voluntad Popular (centro-derecha).
“Esa idea que se tiene quizás fuera de Venezuela de que el gobierno es invencible no es verdad, se le puede ganar con todas las dificultades (…) y con todo el poder y concentración de poderes públicos que tiene”, asegura el líder de la formación Voluntad Popular (centro-derecha).
López recuerda que la oposición obtuvo más votos que el oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2010 y que, previamente, el “no” triunfó en el referéndum constitucional de 2007 impulsado por el presidente Chávez.
En Venezuela, un país políticamente partido en dos entre defensores y opositores al gobierno, ya se respiran aires de precampaña electoral.
Chávez, sometido actualmente a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer que le fue diagnosticado en junio, sigue gozando, 12 años después de su llegada al poder, de una popularidad cercana al 50% entre los venezolanos.
A raíz de su problema de salud, el Presidente bajó el ritmo de actividades públicas, pero no se cansa de repetir que para inicios del año próximo estará presto para “sacar la caballería” y ganar a la oposición por “nocaut”.
Para tratar de hacer frente al chavismo, López defiende como receta electoral una “alianza” entre su figura y los otros dos principales precandidatos opositores: los gobernadores de los estados de Miranda (norte), Henrique Capriles, y Zulia (oeste), Pablo Pérez.
“Hay un acuerdo de que gane quien gane (en las primarias), todos vamos a trabajar juntos en un mismo equipo, está escrito en piedra”.
Este exalcalde de un rico municipio de Caracas no predica ningún tipo de ruptura radical con el chavismo y se “muestra dispuesto a incorporar a quienes vengan del oficialismo”.
Lo primero que habría que hacer es “abrir la caja negra de lo que ha sido la administración pública”, asegura López, para quien los venezolanos desconocen “los términos de las relaciones con muchos países, las condiciones reales de la economía, las capacidades técnicas de (la petrolera estatal) PDVSA o los efectos de los programas sociales del gobierno” de Chávez.
“Nadie puede hacer una evaluación palpable de la política pública del gobierno”, critica este líder opositor, inhabilitado en 2005 por la Contraloría General, un órgano estatal que supervisa las finanzas públicas, por dos casos de corrupción que siempre ha negado.
La Corte Interamericana ordenó el viernes que se dejara sin efecto la decisión de la Contraloría al dictar que este tipo de castigos políticos sólo son legales si son decididos por un tribunal penal.
El gobierno de Chávez, que arremetió contra la Corte por “estimular” la corrupción con un fallo motivado por razones “políticas”, dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia su acatamiento.
Pero López está convencido de que el Estado no “tiene más opción” que aceptar la decisión de la Corte, que, contrariamente a lo que defiende el gobierno, es vinculante –subraya–, para los países que como Venezuela han reconocido su competencia y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pablo Pérez.
“Hay un acuerdo de que gane quien gane (en las primarias), todos vamos a trabajar juntos en un mismo equipo, está escrito en piedra”.
Este exalcalde de un de un rico municipio de Caracas no predica ningún tipo de ruptura radical con el chavismo y se “muestra dispuesto a incorporar a quienes vengan del oficialismo”.
Lo primero que habría que hacer es “abrir la caja negra de lo que ha sido la administración pública”, asegura López, para quien los venezolanos desconocen “los términos de las relaciones con muchos países, las condiciones reales de la economía, las capacidades técnicas de (la petrolera estatal) PDVSA o los efectos de los programas sociales del gobierno” de Chávez.
“Nadie puede hacer una evaluación palpable de la política pública del gobierno”, critica este líder opositor, inhabilitado en 2005 por la Contraloría General, un órgano estatal que supervisa las finanzas públicas, por dos casos de corrupción que siempre ha negado.
La Corte Interamericana ordenó el viernes que se dejara sin efecto la decisión de la Contraloría al dictar que este tipo de castigos políticos sólo son legales si son decididos por un tribunal penal.
El gobierno de Chávez, que arremetió contra la Corte por “estimular” la corrupción con un fallo motivado por razones “políticas”, dejó en manos del Tribunal Supremo de Justicia su acatamiento.
Pero López está convencido de que el Estado no “tiene más opción” que aceptar la decisión de la Corte, que, contrariamente a lo que defiende el gobierno, es vinculante –subraya–, para los países que como Venezuela han reconocido su competencia y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.
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