Venezuela
ha entrado en una nueva etapa de confrontación política tras la prórroga
indefinida del estado de excepción y las amenazas de impedir un
referendo revocatorio.
Venezuela ha entrado en una nueva etapa de confrontación política. Tras la prórroga indefinida del estado de excepción,
que limita algunos derechos, y las amenazas de altos cargos del
Gobierno de impedir un referendo revocatorio del mandato del presidente
Nicolás Maduro, la oposición se debate entre escenarios complicados pero
apuesta por la movilización y la ley. Jesús Chuo Torrealba, secretario
general de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
hace una advertencia sobre las artimañas oficialistas: “La crisis ha
alcanzado un punto de inflexión”, declaró ayer a este diario.
Sostiene el máximo representante de la MUD que “o se construye con votos una alternativa para rescatar al país o el Gobierno está forzando a un desenlace con la sangre del pueblo. No queremos violencia, pero Maduro apela a la ley de la selva”.
La apuesta de la oposición es una salida a la crisis política mediante un cambio de Gobierno. Para ello se han planteado una reforma de la Constitución para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años, la renuncia de Maduro y convocar a un referendo revocatorio que deponga al presidente. Solo la consulta popular ha avanzado con tropiezos como una opción para destituir al mandatario.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) —doblegado por el oficialismo—
exigía el 1% del padrón electoral (casi 200.000 electores) para
emprender el revocatorio, pero la oposición ha superado las expectativas
al recoger 1,8 millones de adhesiones que son verificadas por el
organismo comicial. Esta es solo una de las etapas para iniciar un
proceso, pues aún es necesario recoger un 20% de las rubricas de los
votantes y convocar a elecciones que deponga a Maduro. Para Torrealba
las amenazas del Gobierno obedecen a una pugna en el oficialismo: “Al
principio, el chavismo ha intentado retrasarlo porque si el revocatorio
no se hace antes del 10 de enero [de 2017], asumiría el vicepresidente
como jefe del Estado hasta el 2019. Pero, ahora, Maduro se ha dado
cuenta de que tiene enemigos internos que quieren desplazarlo y les
convendría un referendo en el país”.
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Venezuela, ha llevado al límite a la oposición al declarar el domingo que no permitirán un referéndum. Antes de él, otros hombres del chavismo ya habían asomado sus intenciones de impedir la consulta para expulsar a Maduro del cargo. Según Torrealba, el giro político obedece a un supuesto plan del oficialismo para aferrarse aún más al poder. “Nosotros recogemos firmas porque queremos elecciones, mientras el Gobierno obstruye salidas democráticas y promueve la violencia al decretar un estado de excepción que se salta los procedimientos legales. Maduro tiene miedo a medirse en unas elecciones porque sabe que no tiene el apoyo del pueblo”.
La extensión del estado de excepción decretado el viernes por Maduro pudiera impedir las manifestaciones callejeras. Pero la coalición opositora MUD se ha plantado en su empeño de presionar al Gobierno para lograr el revocatorio este año. “La marcha convocada para este miércoles [mañana] para exigir que no demoren el revocatorio se mantiene por ahora”, agregó Torrealba.
Supervisión de las firmas
La oposición ha crecido en el Gobierno de Maduro. La proeza, inimaginable con Hugo Chávez en el poder, ha afianzado a la MUD como una fuerza política en Venezuela. Torrealba, el hombre imperioso de la coalición opositora, escudriña los motivos del descenso chavista: “La crisis, sin duda, ha influido. Este país se desmorona sin soluciones gubernamentales a la vista. Este es un Gobierno incapaz de garantizar lo básico: el acceso a luz, el agua, los alimentos y el derecho a la vida debido a la escasez de medicamentos y los déficits en los hospitales”.
El Partido Socialista Unido de Venezuela —fundado por el fallecido Chávez— tiene los ojos puestos sobre las firmas de los opositores para activar el revocatorio. Hace dos semanas, Maduro ordenó que las rúbricas fueran revisadas por el partido del Gobierno y el Consejo Nacional Electoral aceptó esta propuesta que la oposición considera como un acto intimidatorio contra los electores.
Para este propósito ha encomendado a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que el pasado sábado dijo en un mitin que no habrá revocatorio. “Este lunes [ayer] empieza lo bueno. Los testigos de la patria y el CNE empezaremos la revisión nombre por nombre, firma por firma, huella por huella”, aseguró.
En la norma que regula los referendos no se establece que los representantes del jefe del Estado tengan derecho a revisar las firmas. Por eso, Julio Borges, jefe de la bancada opositora en el Parlamento, aseguró que demandará ante los tribunales al alcalde. Borges sostiene que Rodríguez ha tenido acceso a las planillas con las firmas. “Esto supone un delito por intimidación debido a las preferencias políticas, además de otras violaciones a las leyes. Lo que ocurre es que el chavismo está derrotado y están desesperados por aferrarse al poder”.
Sostiene el máximo representante de la MUD que “o se construye con votos una alternativa para rescatar al país o el Gobierno está forzando a un desenlace con la sangre del pueblo. No queremos violencia, pero Maduro apela a la ley de la selva”.
La apuesta de la oposición es una salida a la crisis política mediante un cambio de Gobierno. Para ello se han planteado una reforma de la Constitución para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años, la renuncia de Maduro y convocar a un referendo revocatorio que deponga al presidente. Solo la consulta popular ha avanzado con tropiezos como una opción para destituir al mandatario.
La extensión del estado de excepción decretado el viernes por Maduro pudiera impedir las manifestaciones
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de Venezuela, ha llevado al límite a la oposición al declarar el domingo que no permitirán un referéndum. Antes de él, otros hombres del chavismo ya habían asomado sus intenciones de impedir la consulta para expulsar a Maduro del cargo. Según Torrealba, el giro político obedece a un supuesto plan del oficialismo para aferrarse aún más al poder. “Nosotros recogemos firmas porque queremos elecciones, mientras el Gobierno obstruye salidas democráticas y promueve la violencia al decretar un estado de excepción que se salta los procedimientos legales. Maduro tiene miedo a medirse en unas elecciones porque sabe que no tiene el apoyo del pueblo”.
La extensión del estado de excepción decretado el viernes por Maduro pudiera impedir las manifestaciones callejeras. Pero la coalición opositora MUD se ha plantado en su empeño de presionar al Gobierno para lograr el revocatorio este año. “La marcha convocada para este miércoles [mañana] para exigir que no demoren el revocatorio se mantiene por ahora”, agregó Torrealba.
Supervisión de las firmas
La oposición ha crecido en el Gobierno de Maduro. La proeza, inimaginable con Hugo Chávez en el poder, ha afianzado a la MUD como una fuerza política en Venezuela. Torrealba, el hombre imperioso de la coalición opositora, escudriña los motivos del descenso chavista: “La crisis, sin duda, ha influido. Este país se desmorona sin soluciones gubernamentales a la vista. Este es un Gobierno incapaz de garantizar lo básico: el acceso a luz, el agua, los alimentos y el derecho a la vida debido a la escasez de medicamentos y los déficits en los hospitales”.
El Partido Socialista Unido de Venezuela —fundado por el fallecido Chávez— tiene los ojos puestos sobre las firmas de los opositores para activar el revocatorio. Hace dos semanas, Maduro ordenó que las rúbricas fueran revisadas por el partido del Gobierno y el Consejo Nacional Electoral aceptó esta propuesta que la oposición considera como un acto intimidatorio contra los electores.
Para este propósito ha encomendado a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que el pasado sábado dijo en un mitin que no habrá revocatorio. “Este lunes [ayer] empieza lo bueno. Los testigos de la patria y el CNE empezaremos la revisión nombre por nombre, firma por firma, huella por huella”, aseguró.
En la norma que regula los referendos no se establece que los representantes del jefe del Estado tengan derecho a revisar las firmas. Por eso, Julio Borges, jefe de la bancada opositora en el Parlamento, aseguró que demandará ante los tribunales al alcalde. Borges sostiene que Rodríguez ha tenido acceso a las planillas con las firmas. “Esto supone un delito por intimidación debido a las preferencias políticas, además de otras violaciones a las leyes. Lo que ocurre es que el chavismo está derrotado y están desesperados por aferrarse al poder”.
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