En una sociedad democrática no es normal que el Poder Ejecutivo
diseñe y ejecute sus políticas sobre la base de la excepcionalidad. Este
gobierno (incluido el período de Chávez), con el afán prioritario de
mantenerse en el poder, se ha empeñado en gobernar por decretos: primero
a través de la habilitación legislativa que en forma complaciente le
concedió la anterior legislatura de la Asamblea Nacional, y ahora
mediante la declaratoria de estados de excepción. A la usanza de la
dictadura romana.
Un decreto de estado de excepción se dicta
cuando el Estado está ante circunstancias excepcionales y las facultades
del presidente de la república son insuficientes para resolverlas. No
es el caso de Nicolás Maduro, que ha gobernado sin contrapesos
institucionales. Cuando la nueva legislatura le puso coto, el presidente
de la república echó mano del control absoluto que detenta sobre el
Poder Judicial para desconocer la voluntad de cambio expresada el 6 de
diciembre de 2015.
La utilización fraudulenta de los estados de
excepción es sinónimo de dictadura. De hecho, la dictadura romana es
considerada como la primera y más antigua forma de un estado de
excepción. Se fundamentaba en la concentración del poder absoluto en
manos del dictador, que controlaba los tres poderes del Estado: el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica publicado en la Gaceta Oficial Número
6227 del 13 de mayo de 2016, señala que el Ejecutivo nacional podrá
tomar “las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para
asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el
orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e
igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural
que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y
otros productos esenciales para la vida”.
Sin duda, hay que
enfrentar la crisis económica que estamos viviendo, pero sin olvidar que
ha sido propiciada por el mismo gobierno y es consecuencia de falta de
planificación de políticas públicas, ineficiencia, centralismo,
corrupción, derroche y populismo. Todo ello asociado a un modelo
político económico retrógrado, que ya no admite la sempiterna excusa:
todo es culpa del imperialismo norteamericano asociado con la derecha
apátrida.
La pretensión de Maduro no es honesta. Lo que en
realidad procura con el estado de excepción es neutralizar a la Asamblea
Nacional, y distraer a la población con la amenaza de la suspensión de
garantías constitucionales por los resultados del referendo revocatorio
y de las elecciones de gobernadores que seguramente lo desfavorecerán.
La
solución a la crisis económica debe estar orientada hacia la búsqueda
sincera de un cambio del modelo económico, que aparte los excesivos
controles y las regulaciones que favorecen corruptelas y con los cuales
el gobierno ejerce un mayor control sobre la actividad económica
privada. El objetivo debe ser la superación de la crisis que nos agobia.
El decreto de emergencia económica no debería ser utilizado como
herramienta política con la cual se pretenda, de manera artificiosa,
trasladar responsabilidades a la oposición y, más específicamente, a los
diputados opositores electos el pasado 6 de diciembre.
El decreto
de Maduro debe fundamentarse en el previo reconocimiento de la culpa
del gobierno sobre la precariedad en que se encuentran todos los
venezolanos. Dejando de lado ardides para intentar recuperar la
popularidad perdida, las medidas económicas verdaderamente necesarias
deben orientarse al desarrollo integral del país, con énfasis en la
seguridad jurídica y una justa distribución de la riqueza.
La
crisis política y económica del país en la víspera de un referéndum
revocatorio pueden significar el principio del fin del chavismo. El
decreto de estado de excepción es desproporcionado y motivado por
razones inconfesables. Lo que sí se justifica es la alerta de todos los
venezolanos y de la comunidad internacional ante los eventuales abusos y
violaciones de derechos humanos que suelen cometerse durante la
ejecución de este tipo de medidas.
Todo indica que se trata de un
estado de excepción artificioso y artificial. Las razones aducidas por
el gobierno ponen al descubierto mentiras que no alcanza a esconder la
incapacidad para resolver los problemas estructurales y coyunturales que
nos aquejan.
Por ejemplo, nos preguntamos si el contrabando de
extracción y el bachaqueo justifican un estado de excepción, sobre todo
cuando el gobierno ha promocionado recurrentemente el proyecto de
economía e inteligencia comunales.
Los estados de excepción son un
régimen que pone en riesgo la efectiva vigencia de los derechos
humanos. Históricamente ha sido la forma más fácil de desconocer los
derechos que tiene la persona humana frente al Estado. Las restricciones
de garantías en un estado de excepción deben ser necesarias y
proporcionales para lograr el restablecimiento del orden constitucional,
y no para tratar de sostenerse a toda costa en el poder. Las
restricciones que se pretenden aplicar con el decreto de estado de
excepción no debe colocar al Estado en una posición de poder absoluto, y
las medidas a aplicar deben estar ajustadas a la situación de hecho, y a
la normativa legal que los regula.
En el ámbito internacional, el
decreto de estado de excepción debe cumplir con el principio de
notificación. Se deben rendir cuentas a los organismos internacionales y
los Estados partes de los convenios sobre derechos humanos, para que
pueden intervenir en casos de eventuales excesos.
El estado de
excepción es un despropósito. Las amplias facultades que se arroga el
presidente de la república, supuestamente para preservar el orden
público y la estabilidad política del país, nos recuerda a 1984,
aquella famosa novela política de ficción distópica, escrita por George
Orwell en 1948. Al igual que en la obra de Orwell, con el decreto de
estado de excepción Maduro profundiza los controles sobre el ciudadano.
Por ejemplo, para aprovisionarnos de comida o medicamentos seremos
vigilados por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(Clap), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las policías… Maduro, se
convierte en “el Gran Hermano”: él es el comandante en jefe, guardián de
la sociedad, dios pagano y el juez supremo.
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