Políticos, diarios y asociaciones de editores del continente
americano calificaron este jueves como un atentado contra la libertad de
expresión las medidas cautelares aplicadas a 22 responsables de medios y
periodistas venezolanos demandados por el presidente de la Asamblea
Nacional de su país, Diosdado Cabello.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue este miércoles la
primera en condenar la prohibición de salida del país dictada el día
anterior por la jueza María Eugenia Núñez a los directivos, accionistas y
periodistas de El Nacional, La Patilla y Tal Cual.
Hoy se sumó al rechazo, entre otros, el expresidente colombiano y
exsecretario general de la OEA César Gaviria con una dura carta abierta
en la que va más allá del tema de la demanda de Cabello.
En su mensaje Gaviria señala que por haber estado al frente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) se había abstenido hasta ahora
de pronunciarse sobre la situación en Venezuela, pero cambió su postura
porque “se está poniendo en grave peligro la libertad de prensa y
expresión y el respeto por los derechos humanos”.
Las medidas cautelares adoptadas por Nuñez responden a la demanda por
difamación interpuesta en abril pasado por Cabello contra los medios
que reprodujeron una información del diario español ABC en la que se
decía que era investigado en EE.UU, por vinculaciones con el
narcotráfico.
La información de ABC se apoyó en declaraciones de Leamsy Salazar,
antiguo jefe del grupo de seguridad de Cabello, huido a EE.UU.
Para Gaviria, la orden de la jueza constituye “un grave atentado”
contra la libertad de prensa y de expresión, “componente fundamental de
la democracia y de la Carta Democrática Interamericana”.
Pero, además, la “detención de dirigentes de la oposición y
atribuirles responsabilidades penales por las consecuencias de las
propuestas y protestas estudiantiles en nada contribuye a encontrar
salidas institucionales y democráticas”.
Otro expresidente, el boliviano Jorge Quiroga, afirmó hoy que la
prohibición de salida del país que pesa para los 22 periodistas es un
“ataque abominable” contra la libertad de expresión.
Quiroga declaró a Efe que esa resolución judicial está en la línea de
otras acciones tomadas en Venezuela como la no renovación de licencias
para algunos medios, la compra de otros a través de intermediarios
afines al Gobierno venezolano y la falta de provisión de papel para los
diarios.
Quiroga agregó que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar
respuestas económicas a su población y “lo único que hace con algo de
eficiencia es la represión y la intimidación” que se hace
“sistemáticamente” contra la oposición y los medios.
En un editorial publicado hoy, el diario costarricense La Nación,
acusó a Maduro de querer mantener a la población venezolana en la
ignorancia sobre “un tema ampliamente debatido en el mundo”.
La Nación, que considera que medidas cautelares de este tipo no se
deben aplicar cuando se trata de faltas contra el honor, agrega que “los
venezolanos tienen derecho a formarse una opinión, restar credibilidad a
las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie
debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o de reprimir
la discusión”.
El diario afirmó que un altísimo funcionario público como Cabello
debe, en una sociedad democrática, tener “amplia disposición al
escrutinio de sus actuaciones”.
El editorial recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) “acogió la doctrina del reportaje neutral a cuyo amparo es
lícito reproducir información de terceros responsables” y también
“asentó la obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de
tolerar el examen minucioso de sus actuaciones y un amplio margen de
crítica”.
“Pero la legalidad en Venezuela está desde hace años en entredicho,
como también la voluntad del Gobierno de someterse a los parámetros del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, apuntó el
medio costarricense.
La Nación alega que los pocos medios independientes que subsisten en
Venezuela están “bajo constante acoso” y concluye con la afirmación de
que ese país caribeño es escenario de “la lucha del tigre suelto contra
el burro amarrado”.
“Los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla”, señala.
El director ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios de Brasil,
Ricardo Pedreira, consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro, al que
tachó de “oscurantista”, “está llegando ahora a un punto extremo, como
es impedir el derecho de ir y venir libremente”.
“Es muy lamentable lo que está sucediendo en Venezuela”, que “es otro
paso en una escalada de cercenamiento de la libertad de prensa que ya
tiene varios años”, dijo Pedreira a Efe.
Frente a ese hecho, subrayó que la Asociación Nacional de Diarios de
Brasil “protesta y lamenta que Venezuela está siguiendo por ese camino
totalmente contrario a las libertades”.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró este miércoles que la
prohibición de salida del país “muestra, una vez más, cómo el sistema
judicial venezolano es utilizado como un instrumento del poder
político”.
En ese contexto, aseguró Mohme, “no se cumple con las garantías del
debido proceso, que implican que el juez debería haber citado primero a
los demandados en forma individual para evaluar si procede o no dictar
medidas de arraigo en cada caso particular”.
Uno de los afectados por las medidas cautelares, el presidente editor
del diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó hoy
que el Gobierno de Maduro busca “la hegemonía comunicacional” y “la
desaparición del periodismo independiente”.
Otro de los afectados es el director del semanario “Tal Cual”,
Teodoro Petkoff, reciente ganador del Premio Ortega y Gasset de
Periodismo en la categoría de Trayectoria Profesional, y otro el
director del diario digital “La Patilla”, Alberto Ravell. EFE
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