Políticos, diarios y asociaciones de editores del continente
americano calificaron como un atentado contra la libertad de expresión
las medidas cautelares aplicadas a 22 responsables de medios y
periodistas venezolanos demandados por el presidente de la Asamblea
Nacional de su país, Diosdado Cabello.
La Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP) fue este miércoles la primera en condenar la prohibición
de salida del país dictada el día anterior por la jueza María Eugenia
Núñez a los directivos, accionistas y periodistas de El Nacional, La
Patilla y Tal Cual.
Hoy se sumó al rechazo, entre otros, el
expresidente colombiano y exsecretario general de la OEA César Gaviria
con una dura carta abierta en la que va más allá del tema de la demanda
de Cabello.
En su mensaje Gaviria señala que por haber estado al
frente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se había abstenido
hasta ahora de pronunciarse sobre la situación en Venezuela, pero
cambió su postura porque “se está poniendo en grave peligro la libertad
de prensa y expresión y el respeto por los derechos humanos”.
Las
medidas cautelares adoptadas por Nuñez responden a la demanda por
difamación interpuesta en abril pasado por Cabello contra los medios que
reprodujeron una información del diario español ABC en la que se decía
que era investigado en EE.UU, por vinculaciones con el narcotráfico.
La
información de ABC se apoyó en declaraciones de Leamsy Salazar, antiguo
jefe del grupo de seguridad de Cabello, huido a EE.UU.
Para
Gaviria, la orden de la jueza constituye “un grave atentado” contra la
libertad de prensa y de expresión, “componente fundamental de la
democracia y de la Carta Democrática Interamericana”.
Pero, además, la “detención de dirigentes de la oposición
y atribuirles responsabilidades penales por las consecuencias de las
propuestas y protestas estudiantiles en nada contribuye a encontrar
salidas institucionales y democráticas”.
Otro expresidente, el
boliviano Jorge Quiroga, afirmó hoy que la prohibición de salida del
país que pesa para los 22 periodistas es un “ataque abominable” contra
la libertad de expresión.
Quiroga declaró a Efe que esa resolución
judicial está en la línea de otras acciones tomadas en Venezuela como
la no renovación de licencias para algunos medios, la compra de otros a
través de intermediarios afines al Gobierno venezolano y la falta de
provisión de papel para los diarios.
Quiroga agregó que el
Gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar respuestas económicas a su
población y “lo único que hace con algo de eficiencia es la represión y
la intimidación” que se hace “sistemáticamente” contra la oposición y
los medios.
En un editorial publicado hoy, el diario costarricense
La Nación, acusó a Maduro de querer mantener a la población venezolana
en la ignorancia sobre “un tema ampliamente debatido en el mundo”.
La
Nación, que considera que medidas cautelares de este tipo no se deben
aplicar cuando se trata de faltas contra el honor, agrega que “los
venezolanos tienen derecho a formarse una opinión, restar credibilidad a
las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie
debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o de reprimir
la discusión”.
El diario afirmó que un altísimo funcionario
público como Cabello debe, en una sociedad democrática, tener “amplia
disposición al escrutinio de sus actuaciones”.
El editorial
recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)
“acogió la doctrina del reportaje neutral a cuyo amparo es lícito
reproducir información de terceros responsables” y también “asentó la
obligación que pesa sobre los funcionarios públicos de tolerar el examen
minucioso de sus actuaciones y un amplio margen de crítica”.
“Pero
la legalidad en Venezuela está desde hace años en entredicho, como
también la voluntad del Gobierno de someterse a los parámetros del
sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, apuntó el
medio costarricense.
La Nación alega que los pocos medios
independientes que subsisten en Venezuela están “bajo constante acoso” y
concluye con la afirmación de que ese país caribeño es escenario de “la
lucha del tigre suelto contra el burro amarrado”.
“Los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla”, señala.
El
director ejecutivo de la Asociación Nacional de Diarios de Brasil,
Ricardo Pedreira, consideró que el Gobierno de Nicolás Maduro, al que
tachó de “oscurantista”, “está llegando ahora a un punto extremo, como
es impedir el derecho de ir y venir libremente”.
“Es muy
lamentable lo que está sucediendo en Venezuela”, que “es otro paso en
una escalada de cercenamiento de la libertad de prensa que ya tiene
varios años”, dijo Pedreira a Efe.
Frente a ese hecho, subrayó que
la Asociación Nacional de Diarios de Brasil “protesta y lamenta que
Venezuela está siguiendo por ese camino totalmente contrario a las
libertades”.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró este
miércoles que la prohibición de salida del país “muestra, una vez más,
cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento del
poder político”.
En ese contexto, aseguró Mohme, “no se cumple
con las garantías del debido proceso, que implican que el juez debería
haber citado primero a los demandados en forma individual para evaluar
si procede o no dictar medidas de arraigo en cada caso particular”.
Uno
de los afectados por las medidas cautelares, el presidente editor del
diario venezolano El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó hoy que el
Gobierno de Maduro busca “la hegemonía comunicacional” y “la
desaparición del periodismo independiente”.
Otro de los afectados
es el director del semanario “Tal Cual”, Teodoro Petkoff, reciente
ganador del Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría de
Trayectoria Profesional, y otro el director del diario digital “La
Patilla”, Alberto Ravell.
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