Entre los 22 afectados por la orden judicial están Otero; Teodoro Petkoff (Tal Cual) y Alberto Federico Ravell (La Patilla).
En declaraciones a medios nacionales e internacionales, Otero rechazó la resolución de la jueza María Eugenia Núñez, que procesa el caso de difamación por petición de Cabello, porque no cumplió los trámites legales: "Sin haber emitido boletas de citación, ordenan la prohibición de salida del país, una cosa totalmente irregular. Así funciona la justicia en Venezuela, donde los jueces dependen y reciben órdenes directas del gobierno. La justicia no existe, es un instrumento del Ejecutivo para criminalizar a la disidencia".
Denunció que el gobierno reduce el periodismo independiente, fomenta la autocensura en los medios audiovisuales y presiona para limitar la publicación de medios impresos. "A mí me pueden meter preso, pero el diario seguirá saliendo. El Nacional no va a cambiar su línea editorial. No lo van a callar con estas amenazas. Están muy equivocados. Todos son periodistas comprometidos y tienen fuerza para mantener el periódico". Advirtió sobre la posibilidad de que las autoridades "puedan allanar el periódico, cerrarlo o llevarse preso a los periodistas".
Condenas. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó la orden de la jueza Nuñez. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, declaró: "Muestra cómo el sistema judicial es utilizado como un instrumento del poder político".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, indicó:
El diario La Nación, de Costa Rica, denunció en su editorial "la represión judicial a la prensa venezolana": "Las publicaciones tan solo reivindicaron el derecho de los ciudadanos de saber cuanto se dice del presidente de la AN en todo el orbe. La represión es un argumento a favor del silencio y de mantener a los venezolanos en la ignorancia sobre un tema debatido en el mundo, pero no en el país donde más interesa. Los venezolanos tienen derecho de formarse una opinión, restar credibilidad a las declaraciones o exigir una investigación más profunda, pero nadie debe arrogarse el derecho de mantenerlos en la ignorancia o reprimir la discusión. En especial, no debe concederse ese derecho a Cabello, un altísimo funcionario cuya prominencia exigiría, en una sociedad democrática, amplia disposición al escrutinio de sus actuaciones".
Alerta: "Pocos medios independientes subsisten en Venezuela. Están bajo constante acoso, mientras la amplísima red de medios oficialistas defiende y ataca, siempre en línea con el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. Es la lucha del tigre suelto contra el burro amarrado y los valientes periodistas venezolanos merecen reconocimiento por su disposición a librarla".
El SNTP denunció que el gobierno propina "un nuevo golpe a la ya menguada libertad de prensa" e intenta imponer un régimen de censura y autocensura. Pide derogar las normas que penalizan las opiniones y que sustituyen los mecanismos de rectificación por la cárcel o por medidas sustitutivas como la prohibición de salida del país y régimen de presentación.
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