(CNN Español) - Condenaron a 18 años de
prisión a un agente de policía de Venezuela por su responsabilidad en la
muerte de Kluivert Roa, un joven de 14 años que participaba en una
protesta en San Cristóbal contra el gobierno de Nicolás Maduro en
febrero.
Se trata del policía Javier Mora, quien según la Fiscalía admitió su
responsabilidad e incurrió en delitos de homicidio intencional
calificado, uso indebido de arma y quebrantamientos de pactos y
convenios internacionales.
Roa murió tras recibir un impacto en la cabeza con munición de goma
mientras se desarrollaban protestas opositoras rechazando la escasez de
productos básicos y condenando los altos niveles de criminalidad en
Venezuela.
Mora Ortiz, de 23 años, fue detenido horas después de los hechos.
En marzo, el papa Francisco hizo un llamado para rechazar la violencia en Venezuela y mencionó a Kluivert Roa.
"Deseo recordar también a Venezuela, que está viviendo de nuevamente
momentos de tensión aguda. Rezo por las víctimas y, en particular, por
el chico asesinado hace unos días en San Cristóbal", dijo el sumo
pontífice católico.
Vivian Núñez, madre de Kluivert, dijo que una bala causó la muerte
del adolescente, no un perdigón. El padre del adolescente asesinado
asegura que su hijo no era ni chavista, ni opositor.
Los manifestantes de San Cristóbal entregaron a las autoridades
ministeriales un documento en el que pidieron justicia para el
adolescente fallecido y que se derogue la resolución que permite a las
fuerzas de seguridad el uso de armas letales en manifestaciones
violentas.
El Gobierno insiste en que la muerte del adolescente se debe a una actuación individual y no a una política de Estado.
En enero, el gobierno de Maduro emitió la resolución 008610 que
habilita el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de
fuego o con otra arma potencialmente mortal" —como último recurso— para
"evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y
rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios
necesarios".
Organizaciones como Human Rights Watch rechazaron la resolución.
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