Estudiante oficialista: “a qué acuerdo podemos llegar con una huelga donde comen cachitos”


En relación a las marchas, protestas y huelgas estudiantiles oficialistas y opositoras que se han desarrollado esta semana, Venevisión presentó un programa especial denominado “Encuentro con los Estudiantes”, donde los jóvenes debatieron los diferentes puntos de vista en torno a la situación que enfrentan las universidades.


Los estudiantes invitados fueron Kevin Ávila, estudiante de Trabajo Social (UCV), Yolimar Viloria, estudiante de Ingeniería Agroindustrial (UCLA), representando el movimiento revolucionario y Gaby Orellano, estudiante de historia (ULA), José Luis Betancourt, estudiante de Economía (UCV), ambos opositores.

“El país necesita un movimiento estudiantil serio y los estudiantes revolucionarios marcamos la diferencia con los estudiantes manos blancas en es sentido”, expresó Ávila.

Por su parte, Orellano aclaró que “la universidad no son dos grupos, son todos los grupos”, mientras explicaba que la lucha es por la “dignidad de los universitarios”.

Así mismo, Betancourt señaló que los estudiantes opositores están abiertos al debate, mientras advertía que “hay que partir por defender los principios fundamentales, como la educación gratuita para todos los venezolanos”.

Entre tanto, Viloria aseguró que están garantizadas las condiciones para los estudiantes. “Durante la gestión de nuestro Presidente se ha incrementado la matrícula estudiantil, hay un mejor servicio de comedor, transporte y becas”, afirmó.

Sin embargo, Viloria aceptó que “el dinero que se les da a los muchachos no es mucho, pero es una ayuda que antes no existía”.

En otro orden de ideas, Orellano explicó que los estudiantes opositores han llegado a “medidas extremas” porque han agotado todos los canales para que el gobierno los escuche. 

En ese sentido, Ávila se preguntó “a qué acuerdo podemos llegar con una huelga donde comen cachitos”.

Finalmente, los cuatro estudiantes estuvieron de acuerdo en solicitar mejoras para las universidades y aceptaron lo necesario de una contraloría a las autoridades para conocer la distribución de los recursos.
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