(Cortesia).- La promulgación de la Ley de Pesca y Acuicultura que prohibió la actividad de pesca de arrastre, supuso la pérdida de 4.000 empleos directos y 6.000 indirectos, así lo señaló Fanny Mavo, presidenta de la Asociación de Trabajadores de Pesca de Falcón.
Explicó que los pescadores se vieron forzados a realizar actividades diferentes. Ahora, un buen número se dedica a otros oficios, inclusive ha afectado a otros trabajadores como las mujeres que desconchaban los camarones o los transportistas.
“Hay más desempleo y no hay pescado. A veces comemos y a veces no. No subsistimos, sobrevivimos” agrega Mavo.La dirigente y otros afectados han mantenido una lucha frontal contra la legislación. Explicó que introdujeron un recurso de amparo en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mediante el cual exigían la anulación de los artículos 23 y 20 de la Ley. Aún solicitan a la magistrada Luisa Estella Morales que convoque una audiencia oral y pública.
Los integrantes del gremio insisten en que la pesca de arrastre pudo ser regulada antes que prohibida. Mavo afirma que 30 biológos de distintas universidades nacionales hicieron esa recomendación a través de un estudio que, según dice, no fue tomado en cuenta.
La vocera insiste en que no se tomaron en cuenta las consecuencias económicas y sociales de la decisión.
“Los trabajadores de la pesca estamos en una situación precaria, pero parece que ellos no entienden nuestras necesidades y la de nuestras famlias”, acotó.
De los pescadores cesantes, solo 300 recibieron de la Gobernación de Falcón créditos y lanchas de poca propulsión, que no reunieron las condiciones para las labores que requerían.
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