La afirmación la hizo el coordinador general de Provea, Rafael
Uzcátegui, al intervenir en la sesión pública de Organizaciones No
Gubernamentales, dentro de la evaluación que al Estado venezolano hace
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DECS), dependencia adscrita a la Organización de las Naciones Unidas,
sobre la observancia a las garantías ciudadanas.
“En las últimas cifras oficiales difundidas que corresponde al año
2013, la pobreza se había incrementado en un 6,7 % lo que significó que
un total de 416.326 hogares se incorporaron a la gran población de
pobres que padecen a diario la exclusión social. No conocemos los datos
de pobreza del 2014, pero la persistencia del deterioro de diferentes
indicadores económicos como el de una tasa de inflación general de 68 %,
que en el sector de alimentos fue del 100 %, tuvo consecuencias
negativas en la capacidad adquisitiva de los venezolanos, especialmente
en los sectores más vulnerables. Aunque no han sido divulgados los datos
del año 2014, las proyecciones económicas para este 2015 sostienen que
la inflación general superará el 100 %”, expresó Uzcátegui durante la
audiencia efectuada en el palacio Wilson, en Ginebra, Suiza, agregando
que tales registros arrojarán como resultado que Venezuela tenga la
misma cantidad de personas pobres que existían en el año 2000.
El ponente dijo que el contexto venezolano en el cual se verificaba
la evaluación era desfavorable para la satisfacción de los derechos
sociales, “debido a la severa disminución de ingresos públicos, la
dependencia de importaciones para cubrir necesidades básicas, una
creciente devaluación de la moneda que genera elevados índices de
inflación, y una gestión de gobierno en la cual se han acentuado
tendencias antidemocráticas y autoritarias expresadas en la negativa del
Estado a un diálogo plural y democrático con todos los sectores de la
sociedad venezolana”, puntualizó Uzcátegui.
Además, en esta 55 sesión de la DECS, el alto vocero de la ONG Provea
denunció una militarización interna de la gestión pública y la
aplicación de medidas no constitucionales contra los derechos de
expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica.- “A diferencia
de la situación de los derechos sociales en Venezuela que existía antes
del año 2013, hoy existe un acelerado proceso regresivo de los avances
realizados entre 1999 y 2012 en materia de inclusión social por el
efecto de medidas económicas con severos costos sociales y la
persistencia de políticas incoherentes, ineficaces e ineficientes que
han demostrado pocos resultados a pesar d ellos cuantiosos recursos
invertidos”, indicó el delegado.
Uzcátegui mencionó que a dicha realidad se unía la falta de
información pública, junto con permanentes campañas de descalificación y
hostigamiento contra defensores de los derechos humanos, asistentes,
como en su caso, a las instancias regionales y universales de
protección.
También fue señalado por el representante venezolano el
“desconocimiento” de garantías consagradas en el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, fundamentados en la Carta Magna,
manifestando que no poseían una normativa específica para su
cumplimiento o la que establecida era ignorada.
“Por Ejemplo, la inexistencia de una ley que regule la existencia de
una sistema nacional público de salud por el cual el Estado garantice el
acceso a toda la población a los centros de salud públicos, a
tratamientos y medicinas. Hoy en Venezuela la salud se encuentra al
alcance solo de quien tenga dinero para costearla, violando lo expresado
en nuestra Constitución”, indicó.
Igualmente, el expositor se refirió a la omisión a los derechos de
las minorías étnicas relativos a la consulta previa de las comunidades
indígenas sobre el aprovechamiento de los recursos naturales presentes
en sus territorios. “Desde el año 1999, diferentes proyectos de
extracción minera, energética y maderera en territorios indígenas han
sido aprobadas por el Gobierno venezolano y no se ha realizado ningún
proceso de consulta previa como lo establece tanto la Constitución como
el Pacto”, acotó el portavoz de Provea.
Uzcátegui formuló, asimismo, un rechazo a lo que tildó como “campañas
de hostigamiento contra las organizaciones independientes de la
sociedad civil”. “Nuestras comunicaciones privadas han sido intervenidas
y difundidas en medios públicos, y nuestra presencia en Ginebra y en
otros espacios del sistema universal y regional de protección a los
derechos humanos ha sido calificada por altos voceros del Gobierno como
parte de un plan desestabilizador de injerencia extranjera contra las
instituciones venezolanas”, destacó.
“Todos los avances en la lucha contra la pobreza logrados por el
presidente Hugo Chávez están desapareciendo bajo el gobierno del
presidente Nicolás Maduro”. sentenció, finalmente, Rafael Uzcátegui,
coordinador general de la ONG Provea, al participar en Suiza en la
sesión pública del proceso evaluativo al Estado venezolano ventilado por
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DECS) de la ONU para comprobar el cumplimiento de las garantías
ciudadanas. NP
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