El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
urgió hoy al gobierno de Venezuela a garantizar la independencia del
Poder Judicial y, específicamente, a acabar con la inestabilidad laboral
de los profesionales de la Justicia.
Venezuela se sometió los pasados 2 y 3 de junio al escrutinio del Comité, que hoy publicó sus recomendaciones al respecto.
Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del
Comité ya subrayaron en repetidas ocasiones la anomalía de que gran
parte de los juces no cuenten con una plaza fija.
“El Comité está preocupado por la información sobre la falta de
aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y
destitución de jueces”, rezan las conclusiones.
“Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a
cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus
funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia”,
agregan.
Ante esta situación, los expertos “recomiendan” a Caracas que “adopte
las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y
nombramiento de jueces y magistrados sea realizado de forma transparente
a fin que sean nombrados sobre la base de la integridad e idoneidad”.
“Asimismo, el Comité recomienda al Estado que adopte las medidas
necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Por otra parte, los expertos criticaron que la Oficina del Defensor
del Pueblo no haya desempeñado sus funciones correctamente, por lo que
instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.
Otro de los temas que fue bastante comentado durante la revisión fue
el de los altos índices de embarazos adolescentes y mortalidad materna, y
se criticó el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sólo
pueda aplicarse cuando está en riesgo la vida de la gestante, pero no
en casos de violación o de malformación del feto.
Ante esta situación, las conclusiones piden a Caracas que “revise su
legislación respecto a la prohibición del aborto para hacerla compatible
con otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida de la
mujer, así como con su dignidad”.
Además, instan a las autoridades a asegurar la accesibilidad a
precios asequibles de los servicios de salud sexual y reproductiva
especialmente en las zonas rurales.
Asimismo, el Comité critica la falta de cooperación entre las
autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil
encargadas de la defensa de los derechos humanos, “lo cual ha llegado en
algunos casos hasta actos de grave descalificación”.
“El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias
contra algunas de las personas que participan públicamente en los
espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a
las organizaciones de la sociedad civil”.
El Comité también expresa su preocupación por “la injerencia de
algunas autoridades del Estado en las elecciones de representantes de
los sindicatos”.
Asimismo, el referencia a los derechos de los pueblos indígenas, los
expertos piden a Venezuela que tome las medidas necesarias para
garantizar “la obtención del consentimiento libre, previo e informado de
los pueblos indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones
susceptibles de afectar el ejercicio de sus derechos”.
“Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, especifica.
Finalmente, el Comité insta al Estado a que considere su
reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. EFE
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