El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
cuestionó este miércoles que Venezuela achaque la mayoría de los
problemas internos del país a la “guerra económica” a la que
supuestamente está sometida.
Marta Hurtado/EFE
Venezuela se sometió hoy y ayer martes al escrutinio del Comité de la
ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un ejercicio
regular que hacen los países miembros de Naciones Unidas que han
ratificado la Convención sobre dichos derechos.
“Cuando hay progresos, éstos se deben a la Revolución, pero cuando
hay problemas ustedes los achacan al concepto de ‘guerra económica’”,
dijo en la sesión de hoy Rodrigo Uprimny, uno de los miembros del
Comité.
Otro de los expertos, Mohammed Ezzeldin Abdel-Moneim, pidió
esclarecimiento sobre a qué se refiere exactamente el concepto de
“guerra económica” y ejemplos concretos.
Similar postura mantuvo la experta Shiqiu Chen, quien preguntó
específicamente quién lleva a cabo dicha “guerra económica” y contra
quién.
El jefe de la delegación venezolana, el vicepresidente y ministro del
Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, fue quien
respondió a los expertos, pero antes les pidió “ser respetuosos”, “no
hacer juicio de valores” y “no banalizar la guerra económica”.
Acto seguido dijo que la “guerra económica” se concreta en las
manipulaciones que se hacen en los mercados internacionales para que
baje el precio del crudo, para desestabilizar la moneda nacional, y para
elevar el “riesgo país” de Venezuela.
El vicepresidente no señaló específicamente a ninguna persona, nación
o institución, pero pidió encarecidamente “no negar el cerco económico”
al que está sometido su país.
Aclarado, a su entender, este aspecto, Menéndez enfatizó que a pesar
de esta situación, su país no ha disminuido la inversión social.
“A pesar de que los ingresos por el petróleo han caído un 60 por
ciento, hemos logrado mantener los niveles de gasto social”, dijo.
Durante los dos días, los miembros del Comité intentaron, casi
siempre en vano, obtener respuestas concretas a sus preguntas, dado que
si bien la nutrida delegación venezolana aportó mucha información, ésta
no respondía a lo preguntado.
Chen recordó, por ejemplo, que no se había respondido a la cuestión
sobre las alegaciones de que 130 hospitales del país no contaban con los
medicamentos y el equipamiento quirúrgico necesario.
Con respecto a este tema, Asia Villegas, viceministra de Salud de
Venezuela dijo que “uno de nuestros desafíos es la dotación de
medicamentos. Esto se debe a las políticas que hacen partidos políticos
que han apostado por la desestabilización del país”.
Villegas agregó que el gobierno hace todo lo necesario para
“controlar e identificar las fallas del sistema” y que esto lo hacen
“mano a mano del sector privado”.
Asimismo, la ministra recordó que los precios controlados de los
medicamentos “para evitar la especulación” provoca que haya quien los
usa para “contrabandearlos a otros países”.
Con respecto al derecho a la alimentación, otro de los temas más
destacados durante el diálogo, el experto Olivier De Shutter señaló “la
discrepancia” que a su entender existía en el hecho de que el Gobierno
diga apoyar a los campesinos y afirme haber realizado una reforma
agraria, “y que Venezuela importe entre el 65 y el 70 por ciento de
todos los alimentos que consume”.
Varios relatores preguntaron a la delegación sobre los planes de
introducir en los currículums escolares la enseñanza de los “valores
socialistas” y plantearon la posibilidad de que esto no sea compatible
con la libertad educativa.
Asimismo, se destacó en reiteradas ocasiones los altos índices de
embarazos adolescentes y mortalidad materna, y se criticó el hecho de
que la interrupción voluntaria del embarazo sólo pueda aplicarse cuando
está en riesgo la vida de la gestante, pero no en casos de violación o
de malformación del feto.
Finalmente, Zdzislaw Kedzia, cuestionó la independencia de jueces y
fiscales, dado que la gran mayoría de los magistrados y procuradores no
cuenta con una plaza fija ganada en oposición, y puso en duda su
capacidad de luchar contra la corrupción pública.
Ante esta crítica, Menéndez dijo que en los últimos años se han inhabilitado 920 cargos públicos.
“En la concepción bolivariana la lucha contra la corrupción es una doctrina, no una consigna”, concluyó. EFE
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