La medida judicial que prohíbe la salida del país a los editores de
tres medios de comunicación venezolanos tras una demanda por difamación
del presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, pone de nuevo en
relieve el debate de la libertad de prensa en el país.
La decisión, conocida el pasado martes, afecta a una veintena de
directivos de medios, entre ellos el presidente-editor del diario El
Nacional, Miguel Henrique Otero; el director del semanario Tal Cual,
Teodoro Petkoff, y el director del portal La Patilla, Alberto Ravell.
La demanda de Cabello, hecha hace casi un mes, está motivada por la
reproducción de una información publicada el pasado 27 de enero por el
diario español ABC, según la que el presidente de la Asamblea Nacional
(AN, Parlamento) estaría siendo investigado por una fiscalía de Nueva
York por sus supuestos lazos con el Cartel de los Soles.
Con una demanda civil y otra penal, Cabello solicitó no solo la
prohibición de salida del país de los propietarios y directores de estos
tres medios, sino también “la prohibición de gravar (hipotecar),
enajenar, y vender”.
“Yo me siento agraviado. Ninguno de ellos ha pedido disculpas y ahora
el malo soy yo, que me acusaron de narcotraficante sin una sola
prueba”, dijo el presidente de la AN a través de la televisión estatal
VTV luego de que se conoció la medida.
El editor-presidente de El Nacional, que se encuentra actualmente en
Miami, consideró la prohibición de salida del país como una medida del
Gobierno de Nicolás Maduro que busca “la hegemonía comunicacional” y “la
desaparición del periodismo independiente”.
“A mí me pueden meter preso, pero el diario seguirá saliendo. El
Nacional no va a cambiar su línea editorial. No lo van a callar con
estas amenazas. Están muy equivocados. Todos son periodistas
comprometidos y tienen fuerza para mantener el periódico”, aseguró Otero
en una entrevista publicada hoy en las páginas del rotativo que dirige.
A Petkoff, recientemente reconocido con el premio de periodismo
Ortega y Gasset 2015, la medida no le sorprendió porque ya tenía
prohibición de salida del país a raíz de una demanda por difamación
presentada también por Cabello, y que le impidió incluso desplazarse a
Madrid a recibir el galardón .
“Esto no es una novedad pues digamos que ya estoy hecho a esto, hace
rato que no puedo salir del país pero, por supuesto que es una
arbitrariedad inconcebible, una restricción a una garantía
constitucional, pero en fin, así estamos viviendo en este país”, dijo a
Efe el periodista.
El también exguerrillero y excandidato presidencial sostuvo que no
hay delito en la reproducción de información, y “ni siquiera la
publicación inicial es delito, simplemente es el ejercicio de la
libertad de expresión por parte de ABC”, dijo Petkoff, que calificó la
sanción como “arbitraria”.
Por su parte, en una entrevista con el canal estadounidense CNN en
español, Ravell aseguró que esta medida es “una persecución política”,
“un terrorismo judicial” que intenta “estrangular a los pocos medios
independientes que existen en Venezuela”.
El directivo del portal afirmó que esta es “una venganza del señor
Cabello” contra los directores de medios que durante los últimos años no
han sido “sus mejores amigos” y que la medida es una forma de
“mantenerles como rehenes en Venezuela”.
“Él (Cabello) ha jurado que quiere ver a Miguel Henrique, a Teodoro Petkoff y a mí tras las rejas”, aseguró.
Organizaciones no gubernamentales y del gremio de la prensa
rechazaron también la medida contra los editores, y lamentaron que
sanciones como estas puedan constituir una “coacción a la libertad de
prensa”.
El Colegio de Periodistas de Venezuela (CNP) expresó en un comunicado
una “profunda preocupación (…) al constatar una vez más cómo se
pretende acorralar de manera feroz a los medios críticos en el país”.
El CNP argumentó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reivindicó en 2004 la doctrina del reporte fiel, “según la cual no
incurre en delito el que reproduce la información de terceros”.
“Nos negamos a creer que a partir de este incidente algunas figuras
destacadas del alto gobierno puedan resultar innombrables en los medios
de comunicación, a objeto de evitar sanciones similares, lo que
constituye una clara coacción a la libertad de prensa”, señala la
comunicación.
La ONG venezolana Espacio Público, defensora de derechos humanos y
libertad de prensa, rechazó la medida que, dijo a través de un
comunicado, “procura castigar y amedrentar a los medios críticos y
reduce la información disponible para todas las personas”.
De acuerdo a la ONG, el Poder Judicial venezolano “ha mantenido una
política de hostigamiento en contra de medios de comunicación y personas
críticas al Gobierno nacional”. EFE
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