El director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, informó que tan solo en el Área Metropolitana de Caracas continúan ocupados de manera ilegal cerca de 800 inmuebles.
En los últimos nueve años, la toma ilegal de distintas infraestructuras se ha convertido en un negocio para los grupos organizados que se dedican a extorsionar, no solo a dueños sino también a ocupantes cobrando altas sumas de dinero por la propiedad.
Según Orta, el modus operandi de las redes de invasión, es ocupar la propiedad de “forma violenta, forzando cerraduras, muchas veces llegan armados y generalmente son hombres los que dicen ser líderes de la toma”. Destacó que incluso hay casos de funcionarios policiales involucrados en este delito.
Explicó que luego de instalarse en el terreno, casa o construcción, se inicia la segunda etapa de la invasión, que es llevar al lugar a mujeres, niños y ancianos a fin de dificultar el desalojo por parte de las autoridades. “Estos grupos cobardes, usan de barrera a las personas para darle a la toma ilegal un carácter social”, dijo el abogado.
Luego de haberse perpetuado la toma es que comienza el negocio. “El líder de la invasión le cobra a los ocupantes el ‘traspaso’ del inmueble. Por ejemplo, en el caso de un edificio se les pide un monto entre 50 mil y 200 mil bolívares por la posesión de un apartamento”. Otra de las modalidades es alquilar el inmueble a las familias que habitan en el lugar.
Además de ser consideradas por algunos como una violación a la propiedad privada, las invasiones se han convertido en centros de toda clase de delito, así lo explicó Orta. Aseguró que a la larga las tomas ilegales sirven de foco para el tráfico de droga, robo y extorsión, debido a la condición de impunidad que impera en estos lugares.
Para Orta, las autoridades no han actuado con la suficiente fuerza y determinación para evitar que se cometa este delito que atenta contra la propiedad privada en el país.
Con información de Diario La Voz
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