El General en situación de retiro y activista de Voluntad Popular (VP), Antonio Rivero, advirtió que detrás del Plan Integral de Educación Militar de la Fuerza Armada Nacional, resolución publicada en Gaceta Oficial el pasado 24 de marzo, está la obsesión militarista del presidente Hugo Chávez quien pretende lograr la subordinación y obediencia de la población civil bajo el esquema de la disciplina castrense.
Según una nota de prensa de Voluntad Popular, Rivero afirmó que “le ha sido muy difícil romper la formación democrática, libre y pacífica de los adultos al Primer Mandatario, está empeñado en tener un pueblo supeditado a sus deseos e ideología y para ello apela, ahora, a la mente de nuestros niños y adolescentes, en pleno desarrollo”.
El dirigente de VP señaló que “las milicias se quedan cortas para el proyecto autocrático de Chávez, ya que carecen de formación militar y no se genera esa fidelidad absoluta que anhela. ¿Para qué quiere un pueblo obediente? Para contrarrestar cualquier manifestación de ciudadanos que defienden la Constitución y cada uno de los derechos humanos en ella consagrados”.
Por su parte, Samuel Valero, presidente de la Federación Venezolana de Maestros en Caracas y miembro del partido naranja aseguró que esta Resolución carece de legalidad ya que es el Ministerio de Educación el ente responsable de diseñar las políticas que se van a imponer dentro del sistema de enseñanza. “No se puede permitir que otro despacho del Ejecutivo asuma las competencias de planificar programas de estudio e imponerlos en los distintos niveles de la educativos.”
Agregó que las transformaciones a los pensa se debe corresponder con un proceso de diagnóstico y consulta a los diferentes actores involucrados, tales como, entes educativos, organizaciones de padres y universidades con planes de formación docente.
Voluntad Popular formula un llamado a padres y representantes, también al personal docente y estudiantes a rechazar la implantación arbitraria de este texto legal y a preparar una demanda de nulidad antes los tribunales competentes.
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